La decisión del gobierno de inyectar US$80 millones al Transantiago en forma indirecta, usando al Metro para estos efectos, abrió una polémica en su momento respecto a su legalidad y al costo que implicaría para el Metro.
La Contraloría finalmente objetó parcialmente la medida porque excede el objeto social de la empresa. Sin embargo, la empresa y el gobierno defendieron la decisión en base a su legalidad y a la urgencia e importancia que tenía para solucionar la crisis del Transantiago. Me parece que ese es un muy mal argumento que tiene un riesgo implícito no menor para el uso de fondos públicos.
Lo ocurrido es una oportunidad para debatir sobre la forma como se gestionan las empresas públicas, la calidad de sus gobiernos corporativos y el riesgo de que se excedan de su objeto social, como lo advirtió la Contraloría.
Si bien se ha avanzado mucho desde la creación del Sistema de Empresas Públicas (SEP), sabemos que no todos los ejecutivos y directores de empresas estatales reúnen los requisitos mínimos para el cargo. Algunos están ahí por sus propios méritos y otros lo están producto de presiones o favores políticos. Adicionalmente, hay veces en que las empresas son obligadas a responder a presiones de grupos corporativos o a coyunturas políticas de una forma que atenta contra los intereses de la empresa. En esos casos aunque haya ejecutivos y directores de primer nivel, se producen ineficiencias y pérdidas monetarias.
Estas cosas también pasan en empresas privadas dirán algunos. Sin duda que si, y hay casos de ejecutivos de empresas privadas que están en el cargo por su parentesco o amistad con el dueño y no por sus habilidades o conocimientos técnicos. Como resultado, la empresa se ve obligada a contratar asesores que arreglen y/o impidan los errores de dicho ejecutivo. ¿Es eso ineficiente? Obviamente que lo es, pero si el dueño de la empresa quiere perder plata subsidiando amigos o familia es problema de él. En el caso de las empresas públicas en cambio, es problema de todos los chilenos.
El tema de fondo es que los directores y ejecutivos de empresas públicas deben velar por los intereses de los accionistas, que somos todos y cada uno de los ciudadanos de este país, y responder ante ellos. De otra forma, el gobierno de turno no se convierte sólo en el administrador de turno sino que en el dueño de turno, lo cual es inaceptable. La institucionalidad actual es deficiente para prevenir que esto pase y es necesario hacer más transparente la gestión y tecnificar aún más la administración de las empresas públicas. La mejor solución es convertirlas en sociedades anónimas abiertas y que un tercio de la propiedad se transe en bolsa. Así, el precio de la acción nos dirá a todos qué tan buena es la gestión de cada empresa pública y sabremos cuándo una decisión adoptada fue buena o mala para la empresa.
Claudio Agostini
Doctor en Economía. Profesor Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado
La Contraloría finalmente objetó parcialmente la medida porque excede el objeto social de la empresa. Sin embargo, la empresa y el gobierno defendieron la decisión en base a su legalidad y a la urgencia e importancia que tenía para solucionar la crisis del Transantiago. Me parece que ese es un muy mal argumento que tiene un riesgo implícito no menor para el uso de fondos públicos.
- ¿Qué pasaría si hay un grupo de presión que el gobierno considera “importante” y al que además es “urgente” traspasarle recursos?
- ¿Se van a usar a las empresas públicas para traspasarles fondos legalmente, pero a espaldas del resto de los chilenos?
Lo ocurrido es una oportunidad para debatir sobre la forma como se gestionan las empresas públicas, la calidad de sus gobiernos corporativos y el riesgo de que se excedan de su objeto social, como lo advirtió la Contraloría.
Si bien se ha avanzado mucho desde la creación del Sistema de Empresas Públicas (SEP), sabemos que no todos los ejecutivos y directores de empresas estatales reúnen los requisitos mínimos para el cargo. Algunos están ahí por sus propios méritos y otros lo están producto de presiones o favores políticos. Adicionalmente, hay veces en que las empresas son obligadas a responder a presiones de grupos corporativos o a coyunturas políticas de una forma que atenta contra los intereses de la empresa. En esos casos aunque haya ejecutivos y directores de primer nivel, se producen ineficiencias y pérdidas monetarias.
Estas cosas también pasan en empresas privadas dirán algunos. Sin duda que si, y hay casos de ejecutivos de empresas privadas que están en el cargo por su parentesco o amistad con el dueño y no por sus habilidades o conocimientos técnicos. Como resultado, la empresa se ve obligada a contratar asesores que arreglen y/o impidan los errores de dicho ejecutivo. ¿Es eso ineficiente? Obviamente que lo es, pero si el dueño de la empresa quiere perder plata subsidiando amigos o familia es problema de él. En el caso de las empresas públicas en cambio, es problema de todos los chilenos.
El tema de fondo es que los directores y ejecutivos de empresas públicas deben velar por los intereses de los accionistas, que somos todos y cada uno de los ciudadanos de este país, y responder ante ellos. De otra forma, el gobierno de turno no se convierte sólo en el administrador de turno sino que en el dueño de turno, lo cual es inaceptable. La institucionalidad actual es deficiente para prevenir que esto pase y es necesario hacer más transparente la gestión y tecnificar aún más la administración de las empresas públicas. La mejor solución es convertirlas en sociedades anónimas abiertas y que un tercio de la propiedad se transe en bolsa. Así, el precio de la acción nos dirá a todos qué tan buena es la gestión de cada empresa pública y sabremos cuándo una decisión adoptada fue buena o mala para la empresa.
Claudio Agostini
Doctor en Economía. Profesor Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado
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